Agrigento, el empresario Vella tras las denuncias ahora está bajo investigación: “Aclararé todo”

«Leer estas cosas me duele porque soy completamente ajeno a las acusaciones, estos comportamientos no me pertenecen y no son parte de mi cultura. Mi historia habla por mí, siempre he combatido la ilegalidad y denunciado el hampa». El empresario de Agrigento Sergio Vella, propietario de la Seap e investigado por la fiscalía de Palermo por algunas hipótesis de corrupción, sobornos en forma de utilidades al funcionario regional Marcello Asciutto, rechaza las acusaciones y dice estar “dispuesto a esclarecer cualquier acusación, porque las cosas no son en absoluto como fueron representadas.

«A las 6 de la mañana (18 de noviembre de educar) -cuenta Vella- vinieron tres financistas a avisarme de un acto que tiene un contenido bastante diferente al que se está contando. En todo caso, siempre he creído en las instituciones y lo seguiré haciendo, tengo total fe en el trabajo del Poder Judicial y no veo la hora de que me escuchen para esclarecer los hechos”. El empresario anuncia que responderá a las preguntas del juez y su abogado, el abogado Nicola Grillo, impugnará la orden en el tribunal de revisión.

“Estamos en presencia de un engaño, yo no he corrompido a nadie y no he sido favorecido por nadie”. El empresario, dueño de una de las principales empresas del sur en el ramo de tratamiento y disposición de residuos, niega la acusación del fiscal y agrega: “No hubo favoritismo hacia mí, solo pensar que quien me debió ayudar provocó todas las autorizaciones”. a caducar y nos vimos obligados a presentar un nuevo proyecto, perdiendo tres años. Realmente no estamos hablando de nada pero aclararé todo esto lo antes posible en las oficinas competentes».

Sergio Vella agrega: «Estar involucrado en estos eventos me duele porque durante muchos años mi negocio ha dado trabajo a por lo menos 100 padres de familia. Estas cosas no me pertenecen, siempre he denunciado el mal negocio y nunca lo he favorecido».

Vella, en 2009, denunció y arrestó al entonces alcalde de Lampedusa, Bernardino De Rubeis, quien le había pedido un soborno para liberar un crédito millonario que le debía al Municipio con la amenaza de que, si no pagaba, impugnaría la orden judicial y nunca vería el dinero. De Rubeis, por este y otros dos cargos similares, fue condenado definitivamente a 6 años y 9 meses.

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