Palermo. Presunto acceso abusivo a bases de datos y fraude informático: medida cautelar contra un empleado municipal
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LA financistas de la Comandancia Provincial de Palermo han ejecutado un auto de aplicación de medida cautelar personal dictada por el GIP del Juzgado de la capital, a pedido del Ministerio Público, contra un sujeto que es destinatario de la medida de prohibición de la suspensión del ejercicio de la función pública por el término de un año.
El imputado, en base a las pruebas recabadas actualmente, es sospechoso de los delitos de estafa informática y acceso no autorizado a un sistema informático.
Las investigaciones, realizadas por los especialistas de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Palermo – Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, también a través de los servicios de interceptación y observación telefónica, se referían a las conductas que habría cometido un empleado de la Municipalidad de Palermo, empleado del Servicio de Impuestos.
Las actividades surgieron a partir de un reporte recibido de la Municipalidad de Palermo, sobre transacciones anómalas realizadas en la base de datos “Sige Fluendo” utilizada para la gestión de pagos de impuestos locales IMU y TARI.
Los asuntos críticos informados consistieron en el registro de pagos y pagos que nunca se produjeron, en la reducción de los montos adeudados o en la reversión de pagos de un contribuyente a otro, en ausencia de justificaciones documentales.
Las investigaciones habrían permitido encontrar un número significativo de accesos no autorizados al sistema de información del Municipio, realizados con el fin de reducir o cancelar la tributación IMU/TARI de familiares y/o conocidos del sospechoso.
Finalmente, parece que el funcionario habría reincidido en la supuesta conducta ilegal incluso después del traslado a otra oficina, luego de un procedimiento disciplinario incoado en su contra.
La actividad de hoy destaca aún más el compromiso continuo de la Guardia di Finanza y el Ministerio Público de Palermo en contrastar las conductas ilegales más graves que roban recursos de la comunidad, afectando también gravemente la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Cabe señalar que la disposición en cuestión fue emitida con base en la prueba adquirida durante la etapa de investigación preliminar, por lo que, en espera de la sentencia definitiva, existe la presunción de inocencia.
31 de mayo de 2022 | 09:25
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