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El principio de legalidad y el respeto a las instituciones.
Los votantes deben tener esto en cuenta
“Cualquiera que sea candidato a un cargo importante como el de alcalde y cualquier otro cargo electivo debe distanciarse explícitamente de las personas condenadas por connivencia mafiosa”.
Estas son las palabras de Maria Falcone, la hermana de Giovanni asesinado hace 30 años junto con su esposa Francesca Morvillo y los agentes de escolta Vito Schifani, Rocco Dicillo y Antonio Montinaro.
Realmente singular, incluso dramático, tener que reiterarlo después de demasiada sangre derramada por magistrados, policías, curas, empresarios, políticos, periodistas a manos de capos sicarios y sus cómplices de traje.
Sin embargo, es así, y Maria Falcone hizo bien en articular con determinación un concepto que ya debería constituir un patrimonio compartido, una evidencia generalizada entre los ciudadanos de a pie y, sobre todo, en los pisos superiores de los edificios de poder; poder, eso sí, no sólo político.
Sabemos cuál fue el motivo desencadenante de la declaración de Falcone, la durísima intervención, y añadiría muy comprensible, de Alfredo Morvillo, el hermano de Francesca, según quien Sicilia 30 años después de las masacres (Capaci y vía D’Amelio) está en manos a los condenados por mafia, una referencia casi explícita a Marcello Dell’Utri y Totò Cuffaro, ambos condenados por delitos mafiosos, que apoyan la candidatura de Roberto Lagalla a la alcaldía de Palermo.
De ahí una serie de intervenciones de los protagonistas implicados y las inevitables polémicas políticas.
Finalmente, hablando de polémicas, el “vivo” intercambio de acusaciones entre Claudio Fava y Nello Musumeci sobre una reunión de este último con Dell’Utri, aparentemente solicitando la intervención de Berlusconi para fortalecer su reelección a la presidencia de la Región de Sicilia.
Para Fava, Musumeci no debería ni acercarse a los actos conmemorativos de las masacres del 92.
Ahora, más bien, nos interesa subrayar una creencia que deberíamos tener todos los sicilianos honestos.
Es evidente que Dell’Utri y Cuffaro son libres, una vez cumplida su condena, de moverse como quieran, incluso de política; el “punctum dolens” es otro, y aquí tienen razón Falcone, Morvillo y Fava: quienes se postulen a cualquier puesto institucional no solo no deben buscar la mediación de los condenados por delitos mafiosos, aunque entretanto se hayan convertido en monjes trapenses, pero ni siquiera tienen que aceptar su ayuda, ni siquiera pasivamente.
La razón es muy sencilla, de pueril sencillez: en una tierra donde han sido masacrados decenas y decenas de héroes normales y en la que, ay, la mafia aún no ha sido derrotada definitivamente, es necesario dar, sobre todo a los jóvenes, una mensaje inequívoco al respecto lucha sin tregua contra la Cosa Nostra, contra las zonas grises de connivencia y colusión con ella.
Esto también significa, nos referimos particularmente a quienes tienen o pretenden tener roles institucionales, que se desvinculen de todo aquel que haya tenido contactos conscientes (imperdonables) de cualquier tipo con esta malvada organización criminal.
El aspecto jurídico sobre los derechos individuales indiscutibles de quienes han pagado su deuda con la empresa no tiene que ver con eso, tiene que ver con la oportunidad.
Y no es malicia o una forma de “arrogancia ética”, no, es sólo afirmar el principio de legalidad, respeto absoluto a las instituciones, respeto muchas veces gravemente vulnerado por representantes de instituciones de todos los niveles, como nos dicen miles y miles de documentos procesales, y la necesaria transparencia que debe distinguir las campañas electorales.
Los votantes deben tener esto en cuenta al votar.