Palermo, acusado de sacar dinero de migrantes para certificados: empleado municipal suspendido

Los carabinieri de la estación Palermo Centro ejecutaron una orden de interdicción de un año del juez de instrucción Nicola Aiello contra Rosolino De Lisi, de 66 años, un empleado municipal de Palermo en servicio en la delegación de Piazza Marina, acusado de tomar dinero de los migrantes que iban a las oficinas para solicitar documentos o preparar prácticas.

Pequeñas sumas para tener estados de nacimiento, residencia o para solicitar cédulas de identidad. Durante unos seis meses, los militares colocaron las cámaras en el interior de la delegación y filmaron al empleado municipal que presuntamente exigía pequeñas sumas, dos o tres euros, para que le hicieran entrega de los documentos sin la reserva exigida en las delegaciones por la pandemia.

Las investigaciones fueron detonadas por el garante de los derechos humanos de la Municipalidad de Palermo quien informó a los carabinieri lo que decían los migrantes que debían someterse a las indebidas solicitudes de la empleada. Algunos compañeros de trabajo habrían dicho que De Lisi siempre quiso trabajar solo en los mostradores.

La reacción del intendente Roberto Lagalla fue dura “El comportamiento que presuntamente asumió el empleado municipal en la delegación de Piazza Marina hacia los migrantes que solicitaron la entrega de documentos y la instrucción de las prácticas – declara – es lamentable y condenable con firmeza. Un comportamiento que, de probarse, no es digno del papel que todo funcionario debe desempeñar».

«Agradezco a los carabinieri -añade el alcalde- que realizaron las investigaciones, pero quisiera subrayar que todo partió de la denuncia del Garante de los Derechos Humanos del Municipio, quien reportó las denuncias de los migrantes a los carabinieri, gracias también a la colaboración de los demás empleados municipales del puesto descentralizado. Es también al Garante ya estos empleados del Municipio a quienes dirijo mi agradecimiento porque se han mantenido fieles al sentido de legalidad y responsabilidad que debe asumir todo trabajador en una función pública».

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