Falsas suposiciones para defraudar al Estado: 51 sospechosos, seis empresarios y un asesor laboral prohibidos

Los financieros de la Comandancia Provincial de Messina han implementado una orden emitida por el juez de instrucción del Tribunal de Barcelona Pozzo di Gotto que ordena la medida de inhabilitación de la prohibición temporal de ejercer actividades profesionales o empresariales, por la duración de un año, contra un consultor de empleo y seis empresarios, formalmente activos en varios sectores económicos y con oficinas en ciudades de la costa tirrena de Messina, responsables, según las hipótesis de acusación, del delito de fraude agravado contra el Estado.

En concreto, las llamas amarillas de la empresa Milazzo y del teniente Barcellona Pozzo di Gotto, coordinadas por el grupo de policía financiera Milazzo, han descubierto un complejo plan criminal, diseñado para obtener ventajas fiscales indebidas, compensaciones e indemnizaciones, demostrando supuestos ficticios de los trabajadores. . En detalle, los seis empresarios investigados, con la participación decisiva del asesor laboral, crearon a sabiendas las empresas investigadas, que resultaron ser absolutamente improductivas y carentes de toda estructura societaria, con el único fin de establecer las relaciones laborales ficticias descubiertas, aunque fueran de corta duración. -vivieron, pero suficientes para justificar las solicitudes ilícitas de asignaciones contributivas en perjuicio del sistema nacional de seguridad social y del Fisco.

Las investigaciones, desarrolladas en colaboración con los inspectores del INPS, partieron del seguimiento de algunas empresas que, de forma anómala, se beneficiaban de cuantiosos beneficios de la seguridad social, con particular referencia al llamado “bono Renzi”. Los falsos supuestos permitieron entonces justificar, en una etapa posterior, la recepción indebida de aportes asistenciales para sustentar ingresos, vinculados a los subsidios Covid-19 y principalmente al llamado Naspi (Nuevo seguro social para el empleo). Este último consiste en un beneficio social que sirve para garantizar la protección económica a los trabajadores subordinados que han perdido involuntariamente su trabajo, garantizándoles el pago del 75% del salario mensual promedio de los últimos cuatro años.

Las investigaciones mostraron cómo el procedimiento establecido permitió, además, la ventaja adicional de brindar la oportunidad a algunos trabajadores de establecer su propia posición de cotización, como para permitir el uso, en el futuro, incluso de la pensión. En total, como parte de toda la investigación, 51 personas fueron denunciadas ante la Fiscalía de Barcelona Pozzo di Gotto.

A la luz del grave cuadro circunstancial recogido, el juez de instrucción de la Audiencia de Barcelona, ​​a instancias de la Fiscalía local, reconociendo la “peculiaridad del mecanismo fraudulento previsto y su predisposición a la evidente y exclusiva finalidad ilícita de obtener las prestaciones asistenciales específicas en beneficio de un número conspicuo de beneficiarios», ha ordenado, por tanto, contra los profesionales y empresarios implicados, la aplicación de la medida de inhabilitación de la prohibición temporal de ejercer actividades profesionales o empresariales por el plazo de un año.

Asimismo, contra la mayoría de los imputados se aplicó el embargo de cantidades indebidamente percibidas tras el arreglo fraudulento de relaciones laborales inexistentes, por un importe en torno a los 200 mil euros.

“La medida cautelar -precisa la nota de las llamas amarillas- interviene en la fase de instrucción y se fundamenta en imputaciones provisionales, que en todo caso deberán ser confirmadas en las instancias posteriores de juicio, en cumplimiento de la presunción de inocencia conforme a al arte. 27 de la Constitución”.

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