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El derrumbe de un edificio en Kalsa destruyó autos sin estacionamiento, el Municipio aún tendrá que pagar una indemnización por los daños

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Su Mini Cooper, estacionado para no estacionar, fue destruido por derrumbe de un edificio en Kalsa.
Pero después de 10 años, luego de un largo proceso judicial, el dueño del auto será indemnizado.
Para sancionarlo es una sentencia de la tercera sección civil de la Corte de Apelaciones de Palermo, presidida por Antonino Liberto Porracciolo.
Los jueces estimaron el recurso del profesional de Palermo y condenaron a la Municipalidad a pagar más de 40 mil euros en concepto de daños, intereses y costas.
“La existencia de prohibiciones genéricas de estacionamiento no podría dar lugar a la presunción de la existencia de un riesgo de derrumbe, a falta de la señalización específica y adecuada y de la barrera de la zona de peligro”, reza la sentencia de apelación.

La historia se remonta al 8 de febrero de 2012, cuando el palermitano, antes de llegar a su lugar de trabajo, estacionó su automóvil cerca del edificio, entre via Spadaro y via Savona, detrás de la iglesia de Santa Teresa alla Kalsa.
En cuestión de minutos, el edificio se derrumbó repentinamente, destruyendo totalmente la máquina.
Tras el hecho, el profesional decidió iniciar una acción judicial contra los propietarios del inmueble y la Municipalidad de Palermo, calculando los daños sufridos en más de 29 mil euros, valor del Mini Cooper al momento del derrumbe, también porque el inmueble él ya era conocido por la administración como inseguro.

De hecho, en 2004 el edificio había sufrido un primer derrumbe de la parte superior de la estructura y la cubierta, con la consiguiente intervención de los bomberos.
En 2010, el Municipio, ante la peligrosidad, había dictado una ordenanza que obligaba a los propietarios a “realizar todas las obras urgentes” para la “seguridad del inmueble, tanto en las elevaciones como en el interior de las mismas, eliminando los peligros potenciales para las personas, derivados del estado de degradación general”.
También en el mismo año, la Municipalidad de Palermo invitó a los propietarios a “cumplir con urgencia”.
Los propietarios, sin embargo, no habían realizado ninguna obra de renovación, tanto que el derrumbe se produjo en febrero de 2012.

La solicitud inicial de indemnización del propietario del automóvil fue impugnada por la Municipalidad y por los propietarios del inmueble, quienes afirmaron que, precisamente por la ordenanza existente, emitida en 2009, y por la presencia de una señal de prohibido estacionar, el trabajador No debería haber aparcado en esa zona.
Una defensa la de la administración, que fue aceptada en 2016 por la Corte de Palermo, que probó el derecho de la administración.
El profesional, sin embargo, recurriendo al bufete de abogados Palmigiano, decidió apelar la sentencia de primer grado, impugnando también la ausencia de señales que indicaran claramente el peligro.

Y así se reanudó el proceso judicial que condujo a la aceptación del recurso presentado por el propietario del automóvil.
Según los jueces, “la Municipalidad de Palermo, con la orden de 2009, había prohibido la circulación normal en toda el área frente al edificio objeto del derrumbe, a partir de via dello Spasimo, que también prohibió estacionamiento via Spadaro a ‘la altura de la calle número 5, hasta via Savona, por razones de seguridad que consisten en ‘intervenciones a realizar cerca de la casa de una persona sujeta a medidas de protección, destinadas a la salvaguarda, protección y seguridad de la misma’ y por tanto, la prohibición de estacionamiento no tenía por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre la posible situación de peligro para la seguridad ciudadana derivada de la precariedad estructural de las edificaciones en el casco urbano en cuestión”.
El mismo día del derrumbe, de hecho, se supo que el edificio estaba habitado por un hombre que había sido detenido y que, por este motivo, no se encontraba en su domicilio cuando la estructura se derrumbó.

“En nuestra opinión – explica Alessandro Palmigiano, que siguió la historia junto con su colega Licia Tavormina – el Municipio estaba al tanto de la situación de peligro mucho antes del derrumbe y, a pesar de ello, permaneció inerte, sin tomar las medidas necesarias para que fuera seguro.
perimetral al edificio.
No fue suficiente imponer una prohibición de estacionamiento – concluyen los abogados – la administración, consciente del peligro de derrumbe y de la precariedad de la estructura, tuvo que intervenir para imponer las obras en el inmueble y sobre todo denunciar la situación peligrosa”.