Cadena perpetua, una importante reforma
El pasado 30 de diciembre se aprobó una reforma que lanza una importante señal en la lucha contra las mafias y tiene un significado especial para Palermo, ciudad que tras las masacres de 1992 transformó el dolor en esperanza y reconstruyó su identidad a partir de las ideas y de la el coraje de esas personas – Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, sus agentes de escolta – a quienes la mafia quería matar y que hoy, sin embargo, están más vivos que nunca.
Se trata de la reforma de la cadena perpetua, con la que el legislador, en cumplimiento del mandato que le encomendó la Corte Constitucional el año anterior, evitó el riesgo de que se llevara a cabo el derribo de un sistema normativo fuertemente anhelado por Giovanni Falcone, y se abriría el camino para la liberación de aquellos altos representantes de la «Cosa nostra» que decidieron y ejecutaron un atentado terrorista destinado a poner de rodillas al Estado, sin mostrar el más mínimo respeto por las víctimas, por su dolor, por su necesidad de la verdad.
Tal eventualidad ha sido inequívocamente excluida por la reforma, que señala una serie de requisitos muy rigurosos a los que queda supeditada la posibilidad de acceder a la libertad condicional de los condenados a cadena perpetua por delitos de mafia y terrorismo.
En primer lugar, el interesado deberá adjuntar elementos concretos (diferentes a la conducta penitenciaria habitual, la participación del privado de libertad en el proceso de reeducación y la mera declaración de desvinculación de la organización delictiva a la que pertenece) que permitan excluir la realidad de vínculos con el crimen organizado, el terrorismo o la subversión. Asimismo, es necesario que el juez de control compruebe la existencia de iniciativas del condenado a favor de las víctimas, tanto en las formas de reparación como en las de justicia restaurativa.
Este último requisito, cuya introducción fue propuesta por la Fundación Falcone, tiene un potencial muy importante: el modelo de justicia restaurativa, de hecho, tiene un vínculo genético muy fuerte con la plena realización de ese “derecho a la verdad” que los tribunales internacionales atribuir no sólo a los familiares de las víctimas de las más graves violaciones a los derechos humanos, sino a toda la comunidad. Un derecho que, por tanto, debe realizarse mediante un compromiso coral de todas las instituciones.
La reforma -cuya iniciativa, adoptada con carácter de urgencia en esta legislatura, también fue valorada por el CSM- parte de un texto que, en la legislatura anterior, había sido ampliamente compartido entre las fuerzas políticas.
Podría representar el primer paso en una apuesta por actualizar la legislación antimafia, para adaptar las herramientas de contraste a la realidad de un fenómeno delictivo que cambia constantemente y permanece siempre igual.
En particular, hay tres aspectos, íntimamente ligados a la reforma de la cadena perpetua, que podrían ser objeto de ulteriores intervenciones por parte del legislador, en el ejercicio de su discrecionalidad.
El primer aspecto se refiere a la provisión de un modelo específico de justicia restaurativa estructurado de tal manera que haga efectiva esta herramienta incluso respecto de los hechos delictivos más graves, que requieren formas adecuadas de reparación.
En esta perspectiva, la reforma de la cadena perpetua puede convertirse en una importante oportunidad para garantizar que el “derecho a la verdad” y el “derecho a la esperanza”, ambos afirmados por el Tribunal Europeo, puedan reforzarse mutuamente.
El sentido profundo del derecho a la esperanza es, por tanto, dar a los autores de los delitos más graves la posibilidad de reparar efectivamente el daño causado a las víctimas ya la sociedad. Si se quiere tomar en serio el derecho a la esperanza, es necesario redescubrir, junto a su dimensión individual, su dimensión colectiva. Es necesario explotar su potencial en términos de justicia restaurativa también en la realización del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y de toda la comunidad.
Es claro, sin embargo, que la implementación del derecho a la verdad representa un compromiso que de ninguna manera se limita a la colaboración con el poder judicial.
Piense, por ejemplo, en la contribución que podría hacerse a las actividades de las comisiones parlamentarias de investigación, incluso en los casos en que la colaboración con el poder judicial se ha vuelto imposible debido a las limitaciones inherentes al proceso penal.
Es significativo que precisamente en 2022, por parte de algunos de los máximos exponentes de las instituciones, se afirmó con fuerza el compromiso de iluminar las páginas oscuras de nuestra historia, sobre las cuales Italia tiene derecho a conocer la verdad. Un compromiso que se puso en la base de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la matanza de via D’Amelio.
El segundo aspecto que merece una atención adecuada en los programas de reforma consiste en la provisión de todas las medidas (legislativas y organizativas) necesarias para la construcción de un sistema de intercambio de información que involucre al poder judicial de vigilancia, los distintos órganos del ministerio público y las secciones de medidas de prevención. de los tribunales, para reunir con eficacia y prontitud todos aquellos elementos que sean indispensables para las valoraciones de las condiciones económicas y patrimoniales de los reclusos, requeridas por la ley que acaba de aprobarse. Este es un perfil importante para asegurar la protección de la comunidad y de las personas más débiles contra el peligro derivado de la liberación de presos que son protagonistas de un arrepentimiento sólo aparente.
El tercer aspecto consiste en el compromiso de fomentar positivamente la colaboración con el poder judicial, también aumentando los recursos humanos y profesionales a disposición de las personas incluidas en el sistema de protección. Esta es la mejor manera de fomentar el desarrollo de un aporte cognitivo de sujetos que puedan ofrecer una reconstrucción de la vida de las organizaciones criminales que nunca podrá ser sustituida por las ahora difundidas técnicas de captura de comunicaciones. Sobre la contribución de Tommaso Buscetta a la comprensión de la profunda realidad de la «cosa nostra», Giovanni Falcone ha dicho: «Nos ha dado una visión global, amplia, amplia, del fenómeno. Nos ha dado una interpretación esencial, un lenguaje, un código».
Con un compromiso concertado de las instituciones, se puede generar una legislación capaz de convertirse en un importante factor de credibilidad de nuestro Estado en el contexto internacional precisamente por su capacidad para lograr una protección ejemplar de los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad.
Un papel importante, en esta perspectiva, podría jugar la Comisión Parlamentaria Antimafia, cuya creación también ha sido solicitada en esta legislatura por algunos de los representantes más autorizados de la sociedad civil, lo que indica que ha llegado el momento de volverse más presentes en esos contextos incómodos y lejanos donde proliferan las mafias. Es un compromiso no sólo de justicia, sino, antes que nada, de solidaridad y valentía ciudadana.
*Presidente de la Corte de Palermo
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