46 con ingresos de ciudadanía que no les correspondían, todos informados

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Para cobrar la renta de ciudadanía habían declarado que habían residido en Italia durante al menos 10 años pero eso no era cierto.
Los financieros de la comandancia provincial de Palermo se percataron de ello y denunciaron a 46 extranjeros beneficiarios del subsidio.
Hasta ahora habían recaudado ilegalmente más de 200 mil euros.

La investigación

La operación fue completada por los financieros del 2º núcleo operativo metropolitano del grupo Palermo al término de una actividad de inteligencia económico-financiera y en estrecha sinergia y colaboración infooperativa con el INPS.
Los 46 sujetos eran todos residentes en Palermo con renta de ciudadanía.
La hipótesis de un delito es que todos hayan ingresado datos presuntamente falsos en la solicitud relativa para obtener el beneficio.

Los exámenes

Durante las comprobaciones, los financistas adquirieron las cédulas de residencia históricas de los distintos Municipios donde estaban registrados los sospechosos y procedieron a investigar más a fondo sus posiciones a través de las bases de datos que utiliza el organismo, con el objetivo de detectar información de interés.
Por ejemplo, el día de su entrada en el territorio italiano indicado por la oficina de inmigración de seguridad pública, o la existencia de cualquier negocio legal.

La conclusión de las investigaciones.

Al término de las investigaciones, los sujetos controlados no habrían comunicado datos e informaciones que impidieran el otorgamiento del beneficio.
En particular, los sujetos de nacionalidad extranjera han certificado falsamente que han residido en Italia durante al menos diez años, los dos últimos de los cuales de forma continua.
Teniendo en cuenta que esta circunstancia constituye un impedimento para el otorgamiento del beneficio, los financistas procedieron a denunciar a los 46 extranjeros ante el Ministerio Público de Palermo.

La recuperación de cheques

Al mismo tiempo, se comunicaron los nombres de los perceptores indebidos a las oficinas del INPS con competencia territorial para las sanciones administrativas de caducidad o caducidad de la prestación y para la recuperación forzosa de las cantidades ya percibidas indebidamente equivalentes, en su conjunto, a 201.384,21 euros.

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